Drogas: ¿el modelo bélico es la solución final?

mayo 25, 2016
La reciente Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las drogas (UNGASS 2016) culminó con un sabor agridulce y un espectro inquietante para el movimiento anti-prohibicionista mundial.

Fuente: Juan Gabriel Tokatlian, Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella. www.clarin.com

Por un lado, se abortó una eventual y progresiva reforma del régimen internacional sobre drogas ilícitas, pero también se dejó de lado, al menos en Occidente, la invocación y el respaldo a la “guerra contra las drogas”.

Por el otro, se vislumbra el eventual avance de una nueva cruzada mundial: la “guerra contra la delincuencia organizada”.
En efecto, UNGASS 2016 debe ser localizado en un contexto histórico. Ésta es la tercera cumbre global sobre drogas: fue antecedida por una primera UNGASS 1990 y una segunda UNGASS 1998. Este nuevo cónclave de 2016 se produjo después de la incorporación del tema del crimen organizado en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU y del establecimiento por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del Plan de Acción antinarcóticos de 2009.
UNGASS 1990 estuvo marcado por el afianzamiento de la lógica de la “guerra contra las drogas”. En el ocaso de la Guerra Fría y ante la presión de Estados Unidos sobre América Latina, en particular, aquella cruzada tuvo su epicentro en la región: Colombia primero y años después México y Centroamérica fueron el escenario cruento. El acento de esa primera UNGASS eran las drogas y su combate sin cuartel a pesar de fiascos recurrentes.
Ya en la declaración política final de UNGASS 1998 se puede observar como despuntó el asunto de la criminalidad. Allí se menciona la preocupación por los lazos “entre la producción ilícita de drogas, el narcotráfico y el involucramiento de grupos terroristas, criminales y la delincuencia organizada transnacional”. Esto, a su turno, coincidió con lo que pasó a denominarse el auge de “nuevas amenazas” que aparecían (y aparecen) como entrelazadas y retroalimentándose configurando un desafío mayúsculo a la seguridad nacional e internacional y que exigiría, no solo la intervención de la policía y otros cuerpos de seguridad, sino también la participación de las fuerzas armadas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos reforzaron la noción de peligro emanada de las “nuevas amenazas”.
El año 2009 será clave en cuanto al vínculo drogas­delincuencia organizada. Por una parte, y a iniciativa de los países de África se llevó a cabo una primera sesión importante en el Consejo de Seguridad sobre dicho vínculo; reunión que contó con el beneplácito de los cinco miembros permanentes del Consejo y se ligó, a su vez, a la cuestión del aumento del negocio de las narcóticos en África Occidental y de la amenaza derivada de la narco­violencia y la proliferación de estados fallidos en ese continente. Por otra parte, el mencionado Plan de Acción de UNODC fue un documento ambicioso en clave prohibicionista en el que se mencionó en tres ocasiones el desafío de la delincuencia organizada y su relación con las drogas.
Así entonces, previo a UNGASS 2016 la cuestión de la delincuencia organizada se había instalado.
Dos aproximaciones parecían orientar el debate al respecto. Una hacía énfasis en el tema en tanto problema de seguridad; esto es, un enfoque en el que la amalgama de criminalidad transnacional, terrorismo global y narcotráfico mundial era interpretada como prácticamente inexorable y debía responderse con políticas de mano dura.
Otra aproximación abordaba el tema en tanto problema de gobernabilidad que requería un conjunto variado de iniciativas sociales, económicas y políticas para su superación: el ascenso de la delincuencia organizada se enlazaba con la institucionalidad interna y la vulnerabilidad externa pues socava la democracia, debilita el Estado de Derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura que premia la ilegalidad, degrada el sistema político, afecta la soberanía nacional y reduce la autonomía estatal en el frente internacional.
La primera era manifestada, básicamente, por varios estados; la segunda era expresada, esencialmente, por actores no gubernamentales.
El documento final de UNGASS 2016 es ciertamente un hito que brinda pistas para entender los contornos y contenidos que puede tomar el paradigma prohibicionista.
En el texto de 27 páginas jamás se menciona una acción antinarcóticos alternativa como la política de reducción de daños dirigida a atenuar el impacto negativo del uso de sustancias psicoactivas ilícitas. Sin embargo sí se menciona en nueve ocasiones el perturbador reto de la “delincuencia organizada”.
En ese sentido, lo más probable es que se vaya imponiendo la mirada que lo considera un problema de seguridad más que de gobernabilidad. Si ello sucediese habrá que ir preparándose para una nueva guerra que quizás tenga otra vez a América Latina como teatro de operaciones.
No faltará quien en Argentina levante la mano para que el país sea la nave insignia de la nueva “guerra contra la delincuencia organizada”.

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