Crimen y castigo, daños colaterales de la guerra contra las drogas

octubre 26, 2015

La historia de Debi Campbell, encarcelada durante 16 años por vender metanfetaminas, abrió la
puerta para discutir el rumbo de las saturadas cárceles y la reducción del tiempo en prisión que
deben cumplir los condenados por drogas en EEUU.

Fuente: www.elespectador.com

Cuando, hace 40 años, Estados Unidos se alzó en armas contra las
drogas, los criminales del menudeo y los callejones sufrieron los castigos
desproporcionados de una guerra ciega, cuyos daños colaterales tienen
rostros como el de Debi Campbell, encarcelada durante 16 años por vender
metanfetaminas.
«Merecía ir a prisión. Rompí la ley y, lo más importante, necesitaba ir a
prisión porque desesperadamente necesitaba algo que me despertara. Pero
no necesitaba 20 años para aprender la lección», consideró Campbell, en
libertad desde 2010 y que ha transformado su castigo en la fuente de un
férreo activismo político.
Con voz firme, esta semana durante una audiencia en el Congreso,
Campbell instó a los legisladores a cambiar el rumbo de las saturadas
cárceles del país y a reducir el tiempo en prisión que deben cumplir los
condenados por drogas, entre quienes se encuentran mayoritariamente
afroamericanos y latinos.
Cuando los ríos de jeringuillas y balas corrían por las calles de Estados
Unidos en la década de los 80, el Congreso aprobó una ley para que los
peones de las esquinas y los reyes del narcotráfico tuvieran que cumplir un
tiempo mínimo en prisión sin importar si habían vendido 280 gramos de
crac o cinco kilos de heroína.
«Era adicta a las mentanfetaminas. Empecé a vender a otros para poder
hacer dinero. No era un capo de la droga ni un gran fabricante. No estaba
siendo una buena madre, me quitaron la custodia de mis hijas e imaginé
que hacer más dinero era una forma de tener un hogar y poder
recuperarlas», relató Campbell.
«Me equivoqué y he aprendido de mis errores», añadió la mujer, de 60 años,
con cuatro hijas y a la que quedan tres asignaturas para acabar una de las
dos carreras universitarias que comenzó cuando estaba entre rejas y
distraía al reloj con revistas y cartas.
Pequeños traficantes como Campbell fueron los vencidos de la lucha sin
cuartel contra las drogas, y los vencedores, las empresas privadas que
sacaron provecho del incremento de las tasas de encarcelamiento que
convierten a Estados Unidos en el país con más personas entre rejas del
mundo, por encima de China.
Con el objetivo de girar el timón, legisladores republicanos y demócratas
presentaron este mes en el Congreso un nuevo proyecto de ley para reducir
la extensión de las condenas por drogas y acabar con las cadenas
perpetuas que la Justicia impone a quienes cometen tres de estos
crímenes.
Sin embargo, las grandes compañías carcelarias como Corrections
Corporation of America (CCA), GEO Group y Management and Training
Corporation (MTC) ya están buscando nuevas formas de beneficiarse de la
reforma criminal, dijo a Efe Benjamin Davis, del colectivo In the Public
Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington.
Por ejemplo, según esta asociación, en 2011, GEO Group, que controla 66
correccionales, compró la compañía BI Incorporated (BI), que se dedica a
producir tobilleras electrónicas que permiten controlar por GPS a los
condenados, en vez de encarcelarlos.
Las compañías carcelarias, famosas por las multimillonarias donaciones a
congresistas, aseguran sus beneficios gracias a una cuota mínima de
ocupación acordada con el Gobierno que les garantiza que, sea cual sea la
tasa de criminalidad, en sus camas dormirán un determinado número de
reos.
Con el fin de convertir la reforma penal en el sello de la política interior de
su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha
emprendido una campaña de presión que esta semana le llevó a defender
el movimiento «Black Lives Matter» («Las vidas negras importan»), surgido
tras la muerte de afroamericanos por disparos de policías blancos.
Convertido en el presidente negro que unos temían y otros estaban
esperando, Obama ha puesto rostro, afroamericano y latino, a los
perjudicados en la tenebrosa guerra contra las drogas que pasaron en
prisión tiempos desproporcionados o crecieron sin los cuentos de sus
padres antes de dormir.
«Es difícil ejercer de padre durante una llamada telefónica de 15 minutos al
día. No hubo más cuentos para las niñas, no hubo ayuda con sus tareas, ni
reuniones de padres y maestros en la escuela. Perdí mucho y ahora tengo
mucho que compensarlo», reconoció Campbell, que consiguió reducir su
condena de 19 a 16 años.
Cuando salió de prisión en 2010 y vio, por primera vez, que todo el mundo
pagaba con tarjetas de crédito, Campbell sintió que el tiempo se le había
escurrido entre los dedos y decidió defender a los cientos de mujeres que,
como ella, desconocían los altos castigos que la Justicia imponía a
quienes jugaban con drogas.
«Esta reforma debe ser solo el comienzo», dijo Campbell ante el serio grupo
de congresistas que tienen el poder de acabar la guerra antidrogas y firmar
la paz con unas compañías carcelarias preparadas para tentar los bolsillos
políticos con jugosos billetes verdes.
¿Qué pedirán a cambio? En los acuerdos de paz, como en las guerras,
también hay «daños colaterales».

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