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EL ESTADO INGRESÓ EN UN AÑO UN 68% MÁS EN MULTAS POR TENER O FUMAR CANNABIS EN LA CALLE CON LA LEY MORDAZA

Fuente: eldiario.es.

Las fuerzas de seguridad del Estado ponen cada día en España 433 multas por tenencia y/o consumo de drogas en la vía pública; la inmensa mayoría de ellas por cannabis. Desde que entró en vigor la conocida como Ley Mordaza, en 2015, la estadística en torno a las sanciones por cannabis se ha disparado: el número de multas impuestas ha subido un 24%, el importe medio de la multa lo ha hecho un 34% y la recaudación total del Estado por esta partida, un 68%, según datos del anuario estadístico del Ministerio del Interior.

Esta evolución se ha dado en un marco en el que el consumo de cannabis entre la población ha subido, pero muy ligeramente. En 2015, cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), un 7,3% de los adultos había consumido cannabis en el mes precedente a la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). En 2017 (no hay datos más actualizados) eran el 9,1%. El porcentaje de consumidores diarios se mantuvo estable en el 2,1%. El panorama está prácticamente congelado.

«La primera conclusión es que la aplicación de la Ley ha consistido básicamente en la creciente sanción a personas usuarias de drogas», escribe Claudio Vidal, psicólogo en Energy Control, una iniciativa de la ONG ABD que trabaja para reducir los riesgos del consumo de drogas.

«Creo que es una técnica recaudatoria de la industria de la guerra contra las drogas», opina Francisco Azorín, abogado del bufete Brotsanbert, especializado en la materia. «Además, la ley incluye una técnica de mercado que consiste en la rebaja a la mitad de estas sanciones si se pagan en 15 días, lo que supone comprar tu derecho al recurso por 300 euros» porque al aceptar el pronto pago se renuncia, en teoría, al derecho a recurrir la sanción, añade.

Se da la circunstancia de que la Comisión de Interior del Congreso había alcanzado un acuerdo para rebajar la categoría de estas multas de grave, como está ahora, a leve, lo que implicaría una reducción en las cuantías. Las faltas graves se sancionan actualmente con una multa de entre 601 y 30.000 euros (las de consumo de drogas suelen ser de 601, excepto para reincidentes), mientras que las leves van desde 100 a 600. Pero el adelanto electoral dio al traste con la reforma de la Ley Mordaza, por lo que habrá que esperar a la siguiente legislatura, en el mejor de los casos.

El panorama

El Estado, en alguna de sus formas, propone cada día más de mil sanciones administrativas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública. Sin embargo, ni siquiera la mitad de ellas se acaba materializando en multa.

En el Ministerio del Interior apuntan que las competencias sancionadoras para las infracciones graves corresponden a las Delegaciones del Gobierno. Las Delegaciones del Gobierno de Madrid y Andalucía –las que registran más sanciones– no han respondido a la petición de este diario, por lo que no hay una explicación oficial a qué ocurre con esas denuncias que se quedan por el camino.

La estadística muestra que pese a que el número de denuncias cae año tras año desde al menos 2013, el de multas sube. Las propuestas de sanción han pasado de 401.289 en 2013 a 376.271 en 2017, una caída del 6,3%. Entre 2016, primer año completo de la aplicación de la Ley Mordaza, y 2017, últimos datos disponibles, cayeron un 4,3%.

Sin embargo, en el mismo periodo el número de multas pasó de 126.115 a 156.981, una subida del 24,4%. El importe medio de cada sanción también se elevó, como disponía la ley: la infracción media por consumo y/o tenencia en la vía pública ha subido desde 477 euros a 654 en año y medio (un 37,1%). La Ley Mordaza introdujo también multas de hasta 10.400 euros por reincidencia en estas sanciones.

En consonancia, el Estado está recaudando más dinero por esta infracción y todas las relacionadas con drogas. Por tenencia y consumo públicos pasó de recaudar 61,1 millones de euros en 2016 a 102,6 en 2017, un aumento del 68%.

Esta subida de las sanciones y la recaudación se da en todos los artículos relacionados con drogas de la Ley Mordaza. El citado 36.16, sobre consumo y tenencia en la calle, acapara el 99% de las sanciones. Pero las multas y la recaudación por trasladar a personas para que accedan a drogas (las cundas, artículo 36.17), el autocultivo en lugares visibles al público (36.18) o la tolerancia del consumo y tráfico o falta de diligencia para impedirlo en locales o establecimientos públicos (36.19) también han subido con la Ley de Seguridad Ciudadana.

De Corcuera a Mordaza

«Se confirma que el de las drogas es uno de los ámbitos donde la polémica Ley de Seguridad Ciudadana se ha mostrado más activa, tanto desde el punto de vista punitivo como recaudatorio», opina Vidal.

Azorín explica que este incremento en el número de sanciones y la recaudación se debe a la subida en las cuantías de las multas y el procedimiento, pero no solo por el hecho de que imponer multas más altas se recaude más (que también). «Si la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (de la ley Corcuera a la ley Mordaza) quita el tratamiento de deshabituación para sustituir la sanción pecuniaria y establece el pronto pago, la industria de la guerra contra las drogas sale ganando en dos sentidos: no hay que pagar a psicólogos y trabajadores sociales y médicos que atiendan a los que quieren apuntarse a estos tratamientos y tampoco se tiene que gastar dinero en funcionarios que resuelvan los recursos, ya que la gente prefiere pagar y no arriesgarse», relata. El pronto pago reduce la multa de 600 a 300 euros, pero se pierde en teoría el derecho a recurrir.

El abogado también lamenta que la mayoría de las sanciones se ponen un poco a ojo.  «La mayoría de los análisis [de las sustancias incautadas] se realizan con test colorímetros presuntivos, que incluso ofrecen falsos positivos», explica Azorín. «Si no se hace una prueba confirmatoria con un cromatógrafo de gases no se puede saber la pureza y determinar si esa sustancia supera el mínimo psicoactivo [la cantidad mínima de una droga para que esta produzca efectos en el cuerpo humano], un elemento que sí que existe en el ámbito penal y que en el caso del THC, el principal psicoactivo del cannabis, es de 10mg», lamenta.

Y la mayoría de las veces esta prueba no se realiza, asegura Azorín. «Cuesta bastante dinero, y cuando te ponen una multa es más fácil pagar que contratar un abogado, irte a un juez…».

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