La influencia de la industria del cannabis en las políticas de Colorado entre 2010 y 2019

sciencedirect.com. Thomas Rotering. Dorie E. Apolonio.

Colorado fue el primer estado de Estados Unidos en legalizar la marihuana en 2012, desde entonces la influencia del lobby (grupo de presión) del cannabis sobre las políticas locales no ha parado de crecer. Esto es lo que evidencia el reciente estudio de Thomas Rotering y Dorie E Apollonio, publicado Drug Policy de Science Direct.

Otras industrias que tienen conflictos entre la salud pública y sus intereses económicos como la del alcohol, la tabaquera o la del juego de azar contratan a grupos de influencia para influir sobre las políticas locales que consideran nocivas para su sector. Para los investigadores «la industria del cannabis tiene un interés similar en maximizar las ganancias mediante la creación de un entorno regulatorio favorable».

Además, señalan que en algunas políticas locales comparten intereses con otras industrias como la del alcohol o el tabaco, y que posiblemente se estén aunando esfuerzos para influir en ellas. Las empresas tabacaleras Altria, Imperial Brands y British American Tobacco, han realizado importantes inversiones en cannabis. Al igual que Constellation Brands, fabricante de la cerveza Corona, que también ha realizado inversiones en Canopy Growth, una corporación canadiense de cannabis

Por ello los investigadores consideran de especial importancia monitorizar la influencia de la industria del cannabis di igual modo que se hace con otras sustancias legales y objetivo principal de la investigación. El estudio ha monitorizado la influencia de la industria del cannabis a través de lobbys en Colorado desde 2012. La búsqueda arrojó una lista de 1703 pagos mensuales de 89 afiliados de cannabis con información vinculada a grupos de presión que sumaron un gasto de más de siete millones de dólares.

En el año fiscal 2010 el gasto anual de la industria del cannabis en estos grupos de presión estaba en 108.725 dólares y este gasto fue en aumento hasta llegar a casi al millón y medio de dólares en 2019. El número de  patrocinadores aparentes de cannabis aumentó de 7 en 2010 a 37 en 2019. En el estudio señalan que el aumento observado en 2019 pude estar relacionado con el cambio de gobernador estatal, de uno moderado en lo que respecta al cannabis a uno más alineado con los intereses de la industria.

Entre las medidas que la industria del cannabis ha intentado oponer invirtiendo dinero en grupos de presión se encuentran las leyes de aire limpio en interiores, advertencias de salud para mujeres embarazadas y restricciones de potencia, al tiempo que apoyan la inversión, el consumo en el lugar y el acceso al cannabis medicinal en las escuelas.

Los investigadores también señalan que han encontrado evidencias que las agencias de relaciones públicas pueden haber ocultado el financiamiento de la industria del cannabis pagando a lobbys asalariados en nombre de financiadores sin identificar. Por ello recomiendan que los grupos de presión tengan la obligación de revelar la identidad de sus clientes cuando se trate de cualquier negocio de cannabis o cualquier afiliación de cannabis que pueda ser considerada «industria».

Para evitar la influencia de la industria del cannabis, que los investigadores consideran muchas veces contraria a las recomendaciones de salud, apuestan por una separación más estricta entre la industria y el proceso de formulación de políticas, igual que ya existen medidas similares con otras industrias como la del alcohol o el tabaco. Y «Si no se establecen mecanismos formales que impidan la influencia de la industria del cannabis en las políticas, los legisladores deberían al menos garantizar una voz equitativa a los defensores de la salud a través de procesos de participación equilibrados y accesibles» reclaman en el estudio.

Finalmente, concluyen: «Nuestros resultados sugieren que un efecto no deseado de la legalización del cannabis recreativo fue una expansión de las actividades de la industria que pueden comprometer la salud pública, incluida la promoción de políticas destinadas a aumentar el consumo de cannabis». […] «Garantizar una regulación adecuada de los productos que representan un riesgo para la salud pública requiere una mayor transparencia para revelar las relaciones entre los afiliados al cannabis, las industrias relacionadas y los legisladores, y brindar una voz equitativa a los defensores de la salud».

 

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